Tras el cuarto intermedio dispuesto ayer, la Corte Suprema escuchó los argumentos del Grupo Clarín y del Estado nacional. Los abogados del multimedios debieron responder preguntas sobre la alegada "falta de sustentabilidad" en caso de que se apliquen las cláusulas antimonopólicas de la ley. "Si la libertad de expresión requiere un volumen económico, ¿qué ocurre con los demás grupos? ¿No tendrían libertad de expresión o deberían ser subsidiados?", inquirió la Corte. Las consultas a los representantes del Gobierno se dirigieron hacia la aplicación del resto de la norma que no fue judicializada, la cuestión de los "derechos adquiridos" y los motivos de los límites a la multiplicidad de las licencias.
La segunda jornada de la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia para tratar la constitucionalidad de distintos artículos de la Ley de Medios comenzó a las 10. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, anticipó esta mañana que los ministros del alto tribunal tenía previsto realizar "unas 50 preguntas" a los referentes de ambas partes. Fueron finalmente 17 preguntas para Clarín y 33 para el Estado. "Todos los ministros hicieron sugerencias" sobre las consultas, dijo Lorenzetti.
Los abogados del Grupo Clarín María Angélica Gelli, Alejandro Carrió y Damián Cassino debieron responder especialmente sobre la relación entre la alegada falta de sustentabilidad de la empresa y la afectación a la libertad de expresión, en caso de que la ley entre en vigencia plena. "El régimen de multiplicidad de licencias afecta la escala y el alcance del Grupo", señaló Cassino al referirse a los artículos 45 y 48 de la ley.
"Cuanto más usuarios existen, los costos se reducen y hacen más posibles las inversiones y si se reduce la escala no se puede mantener la estructura tecnológica", argumentó el abogado para explicar por qué se Clarín se opone a la regulación de licencias que la norma establece. "Si se altera la red actual, la sustentabilidad del grupo se va a perder y se va a perder la única voz crítica que existe en nuestro país", profundizó Carrió.
Cassino sostuvo que "al no existir certeza sobre la extensión de la empresa y el plazo de sus licencias no se puede acceder a créditos". La afectación sobre la libertad de expresión, que fue el eje de varias de las preguntas de los ministros de la Corte, fue explicada por el abogado al señalar que "si se reduce la audiencia, se reducen los ingresos y así la empresa no va a poder subsistir en forma competitiva". Por su parte, Gelli dijo que "sostenemos que la ley puede buscar medios alternativos si se quiere sustentar a otros" y ejemplificó que "el cooperativismo tiene ventajas impositivas, otros se financian con publicidad oficial".
Luego fue el turno del Estado, que debió responder 19 preguntas más que Clarín. La abogada Graciana Peñafort fue la que tomó la respuesta a la mayoría de las consultas, que apuntaron a la explicación de los límites a la multiplicidad de licencias del artículo 45. Peñafort explicó que el Grupo Clarín "tiene la posición dominante y marca precio" y que “la concentración económica que llevó adelante esta empresa, no sólo no cumple esta ley, tampoco cumplía la anterior”.
Ante la consulta sobre cómo la desinversión favorecería la competencia, dijo que las “capacidades ociosas y de prácticas predatorias de Clarín impiden el ingreso de nuevos competidores”. Luego debió responder sobre el decreto de necesidad y urgencia de 2005 que suspendió el cómputo de las licencias por diez años, ante lo que la abogada expresó que "era necesaria la ratificación del decreto para la aplicación de la Ley, porque nadie estaría interesado en una licencia que dure poco tiempo".
En tanto, el director de Gestión, Administración y Desarrollo del AFSCA, Daniel Larrache, explicó ante una consulta de la Corte que se presentaron al proceso de adecuación 29 grupos de medios de los cuales 14 ya se adecuaron y 15 están en proceso. Precisó que también se presentaron otros grupos que no necesitaban adecuación a la ley de Servicios de Comunicación Audioviosual y que el "único" grupo que no lo ha hecho es Clarín. Sin embargo, durante las respuestas de los abogados del Poder Ejecutivo se hizo notar la falta de un relevamiento técnico sobre la cantidad de licencias existentes y el número exacto de pliegos adjudicados a organizaciones sin fines de lucro desde la sanción de la ley.
El punto en el que mayor intercambio hubo entre la Corte y el Estado fue el referido a las licencias, en particular sobre "derecho adquirido" y "temporalidad". Los representantes del Estado explicaron que las licencias no generan derechos adquridos, que tienen un límite de tiempo y que deben estar vinculadas siempre con el interés común. Sin embargo, aclararon que "no es una facultad discrecional" del Estado retirar esas licencias, al tiempo que "no pueden ser un privilegio ilimitado".
Peñafort afirmó que "el objetivo de la ley no fue reducir la cantidad de licencias de Clarín, sino tener un mercado desconconcentrado" y sostuvo que "la libertad de expresión es un valor simbólico que requiere una legislación anterior a que se produzca la vulneración".
Fuente: Página 12
